Sala de comunicaciones 2

La criminalidad española según los datos de carga de trabajo de los juzgados de instrucción.

Ricardo Juan Sánchez (Universidad de Valencia).
Aproximación a la criminalidad española a partir de la extracción y ordenación de los datos crudos (raw data) que ofrece la base de datos PC-AXIS del Consejo General del Poder Judicial sobre la carga de trabajo de todos los juzgados de instrucción, el modo en que organizan sus expedientes judiciales y su contraste con los informes oficiales al respecto. En dicho análisis se pondrá también el acento en la repecursión que esos datos deberían tener en una futura reforma integral del proceso penal.

El fenómeno de la ocupación ilegal de inmuebles en la seguridad ciudadana.

Nicomedes Rodriguez Gutiérrez (Juez sustituto Adscrito al TSJA).
El fenómeno de la ocupación ilegal de bienes inmuebles ha generado en nuestro país en los últimos meses una gran alarma social, llegando a través de los medios la criminalización organizada de los hechos delictivos. Es hace que se genere una gran alarma social que se evidencia en los numerosos anuncios de equipos de seguridad, con aviso a la policía y el incremento de noticias relacionadas con la problemática jurídica, el cual alcanza a ser un problema social. Esta problemática transciende al marco social al generar conflictos vecinales de convivencia, menudeo, con los narcopisos ocupados y la comisión de delitos leves y menos graves alrededor de estos lugares. Como consecuencia de esta problemática, la cual transciende del marco jurídico, en la cual ya teníamos pleno conocimiento, se comienzan a generar voces que requieren de una reforma legislativa urgente para solucionar un problema en auge. Mientras se produce, o no, determinados agentes plantean procedimientos de actuación o propuestas. En este sentido debemos exponer la actuación operativa ante los supuestos de ocupación de inmuebles por parte de la Dirección General de la Policía, Jefatura Superior de Policía de Madrid, Distrito Centro que plantea el esquema de actuación ante estos supuestos para unificar criterios y crear una actuación más eficaz. A su vez distintas Fiscalías realizan publicaciones, como el Decreto del Fiscal Jefe de la Fiscalía Superior de Valencia, de fecha 20 de agosto de los corrientes sobre la unificación de criterios respecto al artículo 245.2 del CP, o la Instrucción del Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears de 10 de junio de 2018. La última Instrucción que conocemos y que repasaremos es la Instrucción 1/2020 de la Fiscal General del Estado, de 15 de septiembre de los corrientes, “sobre los criterios de actuación para la solicitud de medidas cautelares en los delitos de allanamiento de morada y usurpación de bienes inmuebles”. De las resoluciones expuestas realizaremos un análisis del problema tanto desde el punto de vista social como jurídico, ya que se trata de un problema de gran actualidad e interés.

Los alojamientos Airbnb y su relación con la delincuencia urbana: un estudio en Barcelona.

Diego Maldonado-Guzmán (Departamento de Derecho Internacional Público, Penal y Procesal. Universidad de Cádiz)
Los estudios interesados por la relación entre la concentración espacial de alojamientos Airbnb y la delincuencia urbana son escasos, se han realizado principalmente en ciudades americanas y han alcanzado resultados mixtos. La presente investigación pretende llenar este hueco analizando la relación entre Airbnb y delincuencia en Barcelona. Para ello se emplea un modelo de regresión por mínimos cuadrados ordinarios y un modelo de regresión ponderada geográficamente. Los alojamientos se dividen por tipo de espacio arrendado (casa completa, habitación privada y habitación compartida). Los resultados del modelo global muestran que, controlando otras variables tradicionalmente asociadas con el crimen, la mayor concentración de alojamientos Airbnb, especialmente aquellos en los que el huésped comparte habitación con otro visitante, mantienen una relación positiva y significativa con la densidad delictiva en el barrio. El modelo de regresión local muestra que la relación entre Airbnb y delincuencia varía en cada barrio de Barcelona, siendo más intensa en algunas zonas que en otras. Los resultados sugieren la necesidad de regulaciones específicas que contengan en crecimiento de estos alojamientos, no solo por las implicaciones en la seguridad objetiva, sino también por su impacto sobre dinámicas sociales que ponen en riesgo la seguridad ciudadana, el derecho al espacio público y el acceso a la vivienda en la ciudad.

Modus operandi en el delito de contrabando.

Juan Carlos Fitor Miró (Criminólogo)
El contrabando o tráfico ilícito de mercancías viene reglado desde muy antiguo en España. Concretamente desde la época de Alfonso X el Sabio. A lo largo de los tiempos la normativa ha ido evolucionando y adaptándose a las circunstancias de cada época. Y ello ha supuesto innumerables cambios en las leyes que se ocupaban de este fenómeno. El presente análisis se centra en el estudio de las sentencias dictadas a partir de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 6/2011, de 30 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando. El primer propósito del mismo es aproximarse a las pautas de comportamiento de los actores promotores de este delito, partiendo del análisis de los hechos condenados por la jurisdicción penal. Es decir, establecer el modus operandi. Por otra parte, conocer las relaciones concursales de éste con otros, algunos de los cuales no los asociaríamos de no mediar el estudio de la jurisprudencia.

La ley orgánica de seguridad ciudadana y las armas prohibidas: una laguna jurídica peligrosa.

Carmen Martín Fernández (Universidad de Córdoba)
La Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, tipificaba como infracción administrativa (grave o muy grave en función de los riesgos producidos y los perjuicios causados) la fabricación, reparación, almacenamiento, comercio, adquisición, enajenación, tenencia o utilización de armas prohibidas. Actualmente, la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, establece una infracción casi idéntica (dos, en realidad, pues tipifica la conducta como infracción grave en su 36.12 y como infracción muy grave en su art. 35.2 cuando la misma causa perjuicios muy graves) pero ya no alude a las armas prohibidas, sino únicamente a las armas reglamentadas. Con relación a las armas prohibidas, la vigente Ley de seguridad ciudadana solo tipifica como infracción su porte, uso o exhibición (art. 36.10). ¿Qué ocurre entonces con la fabricación, reparación, almacenamiento, comercio, adquisición o enajenación de armas prohibidas? Parece que han dejado de constituir infracción administrativa. Entonces, aparentemente no queda otro remedio que reconducir la respuesta punitiva ante ese tipo de conductas al ámbito penal. Lo que ocurre es que allí también surgen problemas: el art. 563 CP castiga la tenencia de armas prohibidas y el art. 566 CP la fabricación, comercialización o establecimiento de depósitos de armas no autorizados por las leyes, pero únicamente hace referencia a las armas de guerra, a las armas químicas y a las armas de fuego reglamentadas, no a las armas prohibidas. Parece que existe, por tanto, una incomprensible y preocupante laguna jurídica respecto a los ilícitos consistentes en la fabricación, reparación, almacenamiento, circulación, comercio, transporte, distribución, adquisición, certificación o enajenación de armas prohibidas.

El sistema judicial y penal ante los retos del siglo XXI.

Modera: Dra. Maria Carmen Bernal Pérez. Dirección General Apoyo a Víctimas de Terrorismo, Ministerio de Interior.

Regístrate

Conoce las formas de participar en el congreso y regístrate ahora hasta el 20 de noviembre.

Contactános