La controvertida política criminal de España en materia de prostitución

Resumen

Este simposio pretende debatir algunas de las principales confrontaciones y dilemas que plantea el tratamiento jurídico-penal y político criminal de la prostitución en nuestro país, a través de diversos enfoques y evidencias que intentan conceptualizar adecuadamente la realidad y problemática concreta que nos ocupa. Con tal fin, cuatro comunicaciones abren el debate sobre la situación de “alegalidad” y desprotección en la que se encuentran quienes la ejercen, examinando con detalle la normativa y la jurisprudencia relativa a estas cuestiones, los factores de riesgo y los modelos de negocio relacionados con su práctica, y, en referencia al panorama actual, cómo ha influido en la misma la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Tratamiento jurisprudencial de los delitos relativos a la prostitución y a la explotación sexual

Nicolás García Rivas y Pilar Tarancón Gómez (Universidad de Castilla-La Mancha)

En la actualidad, existe un debate abierto en relación con la regulación de la prostitución en España. Nuestro Código Penal castiga la explotación sexual y la prostitución de menores, pero no así su ejercicio libre cuando una persona adulta decide voluntariamente prostituirse y se queda con el beneficio que obtiene de ello. Sin embargo, no se pronuncia sobre si ésta es legal o ilegal, lo cual deja en el “limbo legal” a las personas que se dedican a ello, ya sea voluntaria o forzadamente; un vacío legal que se completa con una normativa sancionadora municipal, bastante extendida, que sanciona a quienes se prostituyen por ocupar o mostrarse en la vía pública.
Por lo que se refiere a esta regulación, la idea clave es que el tratamiento de la prostitución libre es ambiguo, debido a que desde una perspectiva política-criminal no se acaba de tomar partido por ninguna de las soluciones que son objeto de tal debate, y que oscilan entre dos modelos enfrentados: abolir o legalizar.
Así las cosas, el presente trabajo tiene por objeto investigar si existe en nuestro ordenamiento una tendencia o preferencia al respecto, por subrepticia que sea. Para ello, primero se realiza un análisis crítico de la normativa que intenta ordenar o controlar estas conductas y, en segundo lugar, se describen las líneas interpretativas más relevantes seguidas por la jurisprudencia penal española para resolver esta situación.

Regulación española de la prostitución y factores de riesgo.

Julio Saiz Lahiguera

En un momento en que la política invade los espacios propios de las ciencias sociales en busca de respuestas rápidas, el Derecho debe ser aplicado sin desvirtuar sus principios y, para ello, debe tener en cuenta la realidad social; cuestión para la que la Criminología resulta ser una disciplina idónea. Estas dos ramas del saber conforman la base de la presente comunicación, cuyo objetivo principal es dar a conocer cómo influye la regulación vigente en España sobre la prostitución que este país alberga. En concreto, se ha realizado un análisis legislativo escalonado (normativa constitucional, supranacional, penal y administrativa), a la vez que se han examinado los factores de riesgo que rodean a la práctica de la prostitución. Todo ello mediante una revisión bibliográfica, jurisprudencial y estadística. En cuanto a la legislación vigente, el Código Penal de 1995 castiga tanto el proxenetismo, si es coercitivo, como el lucro de la prostitución ajena, si concurren determinadas circunstancias de vulnerabilidad o abuso sobre la persona prostituida. Estos preceptos no castigan al consumidor de prostitución ni de trata sexual. La L.O. 4/2015 deja en manos de los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad la posibilidad de castigar tanto al sujeto demandante como a quien ofrece sexo de pago. Este ofrecimiento puede constituir una infracción administrativa o, incluso, derivar en la apreciación de un ilícito penal. En cuanto a los factores de riesgo, parte de las practicantes son víctimas de violencia, ven perjudicado su autoconcepto y/o contraen enfermedades de transmisión sexual. La mayoría de estas personas son mujeres de nacionalidad extranjera y de limitados recursos económicos. Se concluye que las normas administrativas examinadas favorecen la vulnerabilidad de dichas mujeres. Asimismo, los tipos penales resultan ineficaces porque la prueba del carácter forzado de la explotación sexual o de la vulnerabilidad de la víctima depende, en gran medida, de la declaración de esta.

Influencia de la crisis sanitaria del COVID-19 en la visibilidad de la prostitución en España

Beatriz Cruz Marquez (Universidad de Cádiz)

A pesar de la escasa información empírica existente en nuestro país acerca de la percepción social de la prostitución –es significativo al respecto que tan sólo tres estudios del CIS preguntan directamente sobre esta cuestión–, resulta evidente la interpretación política de determinadas manifestaciones de este fenómeno –en particular, de la prostitución callejera – como un problema de seguridad ciudadana. Esta asociación entre seguridad ciudadana y prostitución callejera, presente en el desarrollo de las ordenanzas de convivencia municipales que proliferaron en numerosas ciudades de España a partir de 2005, se ha consolidado en la legislación nacional con la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana de 2015, que sanciona la oferta de
servicios sexuales en el espacio público tras requerimiento de las autoridades policiales para no hacerlo. Este modelo permitía hablar hasta el momento de una respuesta institucional diferenciada – extensible a otros ámbitos, como el académico –, según se tratase de prostitución callejera o de otras modalidades de ofrecimiento y tipos de prostitución; lo que resulta especialmente evidente, plasmándose también en el ámbito jurisdiccional, para la prostitución asociada a los clubes y locales de alterne.

Durante la gestión de la crisis sanitaria del COVID-19 – en la que podemos distinguir dos fases, una primera de estado de alarma, confinamiento y desescalada, y una segunda, conocida como nueva normalidad –, hemos asistido a un aumento de la visibilidad de la prostitución en los medios de comunicación nacionales y autonómicos que justifica el análisis de una posible ampliación del concepto de seguridad en relación con la prostitución. En concreto, esta ampliación implica trascender la vinculación con la idea de orden público, que lleva a segregar y excluir del espacio público aquellos comportamientos considerados indeseables, y asociarla a la finalidad preventiva de protección de la salud pública.

La adaptación de la actividad de la prostitución en un entorno de alegalidad

Santiago Urío Rodríguez (Universidad Pontificia Comillas)

La actual regulación de la prostitución en España es de alegalidad es decir, no es legal o ilegal expresamente y parte de la base que su ejercicio libre no está penado en todo el territorio español. La ley deja por lo tanto espacio para que el ejercicio de la prostitución se organice de manera empresarial y son muchos los prostíbulos establecidos a lo largo de toda la geografía.
En este contexto, para desarrollar esta actividad económica dentro de la ley y del mercado de servicios sexuales se desarrollan distintas estrategias de negocio. Tienen circunstancias particulares que las caracterizan y las hacen singulares, pero a la vez no deja de ser un mercado de servicios al que se pueden aplicar los patrones de estudio de estrategias empresariales tradicionales.
El estudio de este ecosistema, de los actores que intervienen, de las relaciones entre ellos, prostitutas, clientes, empresarios, trabajadores no sexuales pero empleados por los negocios y figuras próximas al proxenetismo configuran un entorno no suficientemente estudiado por las características de discreción en los involucrados y de rechazo por una parte importante de la sociedad.
En esta comunicación se presentan a través de los hallazgos de etnografías y trabajos de campo los modelos de negocio más comunes, las distintas estrategias y posicionamientos de algunas de las aproximaciones por las empresas que se dedican a esta actividad desde un punto de vista económico y empresarial. Esta aproximación pretende contribuir a profundizar en el conocimiento de la actividad y servir de base para actuaciones reguladoras, políticas y sociales eficaces basadas en la realidad de la actividad.

Pilar Tarancón Gómez

Universidad de Castilla La Mancha

Licenciada en Derecho y Doctora en Criminología por la Universidad de Castilla-La Mancha. Profesora de Derecho penal y de Métodos de Investigación Criminológica y Vicedecana del Grado en Criminología de esta universidad. Especialista en el uso de métodos cualitativos en el estudio y análisis del fenómeno criminal, y en el rol de la política criminal y el Derecho penal en su regulación y control, con especial atención a los delitos contra las personas y por cuestión del género. Es autora de varias publicaciones, artículos y capítulos de libro relativos a estos temas. Forma parte del Grupo de Investigación en Derecho Penal de la UCLM y del ESC Working Group on Qualitative Research Methodologies and Epistemologies (WG-QRME).

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