Criminalización de la pobreza y la exclusión social

Resumen

A lo largo de la historia, la condición social de los pobres, marginados y excluidos ha sido objeto de una atención por parte de las instituciones sociales formales que ha oscilado entre la asistencia y la persecución, “la compasión y la horca” según la conocida formulación de B. Geremek.  En la actualidad, los representantes de la Administración, ya sea desde los Servicios Sociales, o como miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, siguen siendo interpelados ante cada persona en situación de exclusión o miseria extrema con la que se encuentran,  frente a la que deben decidir si se trata de una persona pobre que merece ser atendida y socorrida, o si por el contrario se encuentran ante un elemento potencialmente peligroso que ha de ser examinado detenidamente, y en su caso, arrestado y encerrado. El complejo e inestable diálogo que se establece entre política social y política penal, lo vemos concretarse hoy día en espacios de intervención como son los albergues para personas sin techo, las prisiones, los centros de internamiento de extranjeros, y se expresa a través de ordenanzas sobre espacios públicos, legislación sobre delitos de odio, o política de fronteras, todo ello será objeto de análisis durante este Simposio.

Sobre el encierro de las psh a lo largo de la historia y otras formas de control social

María Jose Rubio Martin (Universidad Complutense).

Hasta su inclusión en el Sistema Público de Servicios Sociales, los homólogos de los que hoy conocemos como personas sin hogar (mendigos, vagabundos, carrilanos, transeúntes, etc.) fueron considerados como “falsos pobres”. La capacidad de trabajar fue el criterio sobre el que se realizó una clasificación social que diferenció entre “pobres dignos” y “pobres indignos”. Los primeros ligados al trabajo y los segundos a la “mala vida”. Esa clasificación sirvió para articular distintas formas de gobernar la pobreza. Mientras que para los pobres “dignos” (pobres “verdaderos”) se articularon medidas de protección social ligadas al trabajo (sistemas de cobertura social garantizados), el resto fueron tratados de una forma criminalizadora: recogidas forzosas de mendigos, campamentos de desinfección, depósitos de mendigos, campos de trabajo, internamiento en albergues cuasicarcelarios, cobijo de emergencia en refugios nocturnos, etc. De esa manera, colocados fuera de la sociedad salarial fueron tratados como enemigos internos que amenazaban los escasos recursos destinados a proteger a los desempleados o a los incapaces para el trabajo (invalidez, orfandad, viudedad, etc.). Visto así, la cuestión de las personas sin hogar quedó construida como un problema de orden y seguridad al que la Administración pública respondía con medidas de tipo represivo.

El reconocimiento de las PSH como un problema social a partir de la década de los años ochenta del siglo XX conllevó que fueran identificadas como una nueva categoría de la atención social, un target-group al que dirigir medidas y programas sociales. Sin embargo, ese paso se hizo sin que las actuaciones adoptadas guardaran relación alguna con las que se dirigen a otras formas de pobreza y exclusión socialmente próximas. La creciente neoliberalización económica de muchas ciudades occidentales conllevará la criminalización de las personas sin hogar. A quienes se les aplicará nuevas medidas de control social a través de la regulación del espacio público.

La flexibilización del orden público: las ordenanzas de civismo y el control de las molestias

Ignacio González Sánchez (Universitat de Girona)

En las últimas décadas se ha dado un notable desarrollo del empleo de ordenanzas para gestionar el espacio público, en lo que se ha denominado la municipalización del orden público. Aquí se problematiza su existencia y aplicación, especialmente sobre poblaciones que no encajan en el modelo de ciudad neoliberal o que protestan contra la implementación de estas políticas. Tras una ampliación del concepto de delito hasta justificar la intervención policial sobre conductas meramente molestas, se analiza esta herramienta legal que permite modular la presión policial dependiendo de las necesidades políticas y económicas. Aunque las multas administrativas no suelen ser objeto de atención por parte de los estudios sobre la penalidad, aquí se argumenta que precisamente los últimos cambios en política criminal aconsejan prestar atención a formas de sanción no penales.

Los centros de internamiento de extranjeros y el control securitario de personas inmigrantes, solicitantes de asilo y refugiadas.

Laura Zanón Bayón-Torres (Universidad Pontificia de Comillas de Madrid)

En los últimos años, la securitización de las migraciones ha supuesto un endurecimiento de las políticas migratorias europeas, cada vez más orientadas al control de fronteras y restricción de flujos. Este control se asienta en tres ejes principales: impedir que lleguen, dificultar su integración y favorecer su expulsión. Una de las consecuencias más graves es la criminalización del fenómeno migratorio, así como la estigmatización y vulneración de los derechos de las personas migrantes, que impide una adecuada atención y detección, independientemente de si la migración es considerada económica o forzosa o si la persona es susceptible o no de beneficiarse de Protección Internacional. España, debido a sus peculiaridades geopolíticas, es uno de los países de entrada a la Unión Europea de personas procedentes tanto de América Latina como de África y, por tanto, uno de los Estados miembros donde se lleva a cabo el control de la Frontera Sur de la Europa fortaleza. Es en este contexto en el que los Centros de Internamiento de Extranjeros han adquirido un papel muy relevante, extralimitando las funciones que les han sido asignadas por la normativa. Desde hace algunos años, su papel como dispositivos de primera acogida, la variedad de situaciones personales y sociosanitarias que presentan las personas allí recluidas, así como las reminiscencias carcelarias que presentan en su estructura y funcionamiento, alertan del uso de la privación de libertad para la atención de personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas.

Entre el rechazo y la compasión: Las personas sin techo como objeto intervención social

Albert Sales Campos (Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona)

El crecimiento del sinhogarismo tiene causas estructurales tan poderosas como la evolución de los precios de la vivienda, la extensión de la precariedad laboral, la erosión de los mecanismos de protección social y los riesgos de exclusión asociados a los procesos migratorios. Sin embargo, las políticas que llevan a cabo las administraciones públicas para hacer frente al incremento de la presencia de personas sin techo en las ciudades se centran en gestionar el conflicto por los usos del espacio público, en cubrir sus necesidades de alimentación, higiene y alojamiento temporal, y en una atención social que tiene como finalidad última la integración en un mercado laboral extremadamente precario y la obtención de una solución habitacional que dista mucho de ser una vivienda.

La gestión de la miseria que dibujan estas políticas es alimentada por estereotipos que asocian a las personas que viven en la calle con suciedad, peligrosidad y comportamientos desviados.La construcción de un “otro” con necesidades diferentes a las de la mayoría de vecinos y vecinas de las ciudades, conlleva que la situación de las personas sin hogar se atribuya a problemas individuales como las adicciones, los problemas de salud mental, o estilos de vida y comportamientos alternativos a los mayoritarios que dificultan la participación en el mercado de trabajo o el mantenimiento de vínculos sociales.

Lejos de romper con esta alteridad, los mensajes que lanzan las entidades sociales que atienden a las personas sin techo y sin hogar suelen reproducirla al verse obligadas a ofrecer soluciones fáciles para llamar la atención de donantes institucionales o individuales que financien sus actividades.

Sea desde el rechazo o desde la compasión lo que vecinos y vecinas exigen a las administraciones locales son soluciones rápidas para “sacar” a las personas sin techo de la calle. Las intervenciones resultantes responden a un modelo de gobernabilidad de la pobreza que se bascula entre el disciplinamiento social y la criminalización, y el emergencialismo y la filantropía. Queda así escaso espacio para plantear el sinhogarismo como un problema de acceso a la vivienda y de vulneración de derechos.

La exclusión social como motivo discriminatorio. Trabajo de la unidad de gestión de la diversidad de la policía municipal de Madrid.

Víctor Manuel Hidalgo de León (CUERPO DE POLICÍA MUNICIPAL. División de Coordinación y Servicios Centrales. Área de Policía Judicial. Unidad de Gestión de la Diversidad)

Los delitos de odio por aporofobia son uno de los incidentes de esta categoría que menos se denuncian, aunque diferentes estudios muestran que las personas sin hogar sufren una gran victimización de estos casos, casi la mitad de ellas han sufrido alguna vez en su vida un incidente de este tipo. Desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, se deberían investigar y tratar los incidentes intolerantes o discriminatorios por aporofobia con una mayor sensibilidad y esfuerzo para erradicar esta lacra ya que supone uno de los mayores ataques a la dignidad humana.

Pedro José Cabrera Cabrera

(Universidad Pontificia Comillas de Madrid

Doctor en Sociología por la Universidad Autónoma de Madrid. Director de la Escuela Universitaria de Trabajo Social de la Universidad Pontificia Comillas entre 1996 y 2001. Profesor Propio Ordinario (Catedrático) de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, Departamento de Sociología y Trabajo Social. Ha sido durante muchos años profesor de Sociología, Estructura Social, Exclusión Social, y Técnicas de Investigación. Es especialista en temas de exclusión y marginación social, ha realizado varios estudios en torno a la situación de las personas sin hogar, las migraciones y la situación penitenciaria, publicando libros y artículos sobre estos temas, y en general sobre grupos y colectivos excluidos: Huéspedes del aire: Sociología de las personas sin hogar en Madrid (1998); Mil voces presas (1999, en col. J. Ríos); La acción social con personas sin hogar en España (2000); Mirando el abismo: el régimen cerrado (2002, en col. J. Ríos), The Difficult Access to Housing in Spain (2001), Un techo y un futuro: Buenas prácticas de intervención social con personas sin hogar (2002, en col. con G. Malgesini y J. A. López), Migrations and homelessness in Spain (2002, en col. con G. Malgesini), The changing profiles of homeless people: macro social context and recent trends (2003) Homelessness in the written press: a discourse analysis (2004), Nuevas Tecnologías y exclusión social: Un estudio sobre las posibilidades de las TIC en la lucha por la inclusión social (2005), ¿Quién duerme en la calle: una investigación social y ciudadana a favor de las personas sin hogar (2008), Andar 1 km en línea recta: La cárcel del siglo XXI que vive el preso (2010 en col. con M. Gallego, J. Ríos y J.L. Segovia). Entre 1999 y 2008 fue  Corresponsal en España y actualmente forma parte como Asesor del European Observatory on Homelessness, financiado por la Unión Europea y auspiciado por FEANTSA (Fédération Européenne d’Associations Nationales Travaillant avec les Sans-Abri <http://www.feantsa.org>). Ha realizado investigaciones para diversos departamentos de la administración pública, y para entidades sociales y empresariales, tanto nacionales como internacionales. Actualmente es Co-Director de la revista Cuadernos de Trabajo Social, editada por la Universidad Complutense. Es miembro del consejo de redacción de la revista Documentación Social, del Consejo asesor del European Journal of Homelessness, del Comité científico de de la Revista Español del Tercer Sector y codirector de Cuadernos de Trabajo Social editada por la Universidad Complutense de Madrid. Igualmente colabora con diversas asociaciones y colectivos en proyectos de trabajo social con grupos excluidos.

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